Dada la falta de plena aplicación de la Ley General contra la desaparición para investigar los casos de personas desaparecidas, observada en las dos entregas anteriores, no sorprende que, según los datos reportados a WOLA, sólo una minoría de casos fueron llevados ante la autoridad judicial por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares de 2018 a 2020.

Las 17 fiscalías estatales que proporcionaron a WOLA información sobre casos judicializados por desaparición forzada bajo la Ley General entre 2018 y 2020 reportaron un total de al menos 30 casos judicializados. De estos estados, 15 también proporcionaron datos sobre judicializaciones por desaparición cometida por particulares, informando de 195 casos judicializados por ese delito. En estos mismos 15 estados, en el momento de nuestra consulta, el Registro Nacional daba cuenta de más de 14.500 personas que habían sido desaparecidas entre 2018 y 2020 (los casos judicializados pueden corresponder a delitos cometidos en años anteriores).

Si bien estas cifras reflejan un panorama de impunidad por los delitos de desaparición, también muestran que fiscalías de diferentes estados han podido obtener condenas por los delitos contemplados en la Ley General. Estas experiencias deberían servir como fuente de análisis con miras a mejorar la persecución de estos delitos en general.

En estas tres semanas, hemos identificado diversas áreas en las que los datos oficiales apuntan a una falta de plena aplicación de la Ley General contra la desaparición. Cerrar tales brechas —y, lo que es más importante, garantizar búsquedas e investigaciones eficaces para las víctimas desaparecidas y sus familiares— es esencial para brindar justicia y hacer frente a los daños devastadores que provocan las decenas de miles de desapariciones vigentes en el país.

Además de ser un derecho de las víctimas, mejorar la investigación de las desapariciones es fundamental para evitar que se repitan estos casos. La realización de investigaciones completas y eficaces de los patrones y prácticas de desaparición, utilizando plenamente los instrumentos establecidos en la Ley General y sus Protocolos Homologados, permitiría a las autoridades prevenir mejor estos patrones.

A su vez, poner fin a los patrones de desaparición podría contribuir a reducir otros tipos de violencia. Los estados con el mayor número de desapariciones en 2020 según el Registro Nacional, como Jalisco, Michoacán, Sonora, Guanajuato y Tamaulipas, también fueron severamente afectados por otras formas de violencia ese año, como son los homicidios. Si bien no todos estos delitos están interrelacionados, lo cierto es que existen redes delictivas que cometen tanto desapariciones como otros delitos violentos. Así, priorizar la investigación de las desapariciones no es sólo una obligación de derechos humanos y un derecho de las víctimas: es una forma de hacer frente a patrones más amplios de violencia.

El liderazgo de las familias en búsqueda de personas desaparecidas en México, acompañadas por actores aliados, ha llevado a la creación de importantes instrumentos legales para combatir las desapariciones en los últimos años. Pero aproximadamente 25.000 desapariciones después, la Ley General todavía no se ha traducido en las transformaciones que el país necesita para que las víctimas accedan a la justicia.

Después de tres años y medio, no dudamos que todos los actores involucrados —fiscalías, comisiones de búsqueda, colectivos de víctimas, sociedad civil, academia y otros— tengan detectados diversos puntos débiles en el cumplimiento de la Ley General y en las prácticas de investigación en general, incluyendo en algunas de las áreas referidas en la presente serie.

No hay mejor momento para que las autoridades aprovechen la experiencia de estos tres años y medio, y las recomendaciones de las familias y sus aliados, para mejorar la investigación de los casos y patrones de desaparición.

Las entidades federativas y sus fiscalías deberían comprometerse a crear y dotar de personal y recursos adecuados a sus fiscalías especializadas, incluyendo Unidades de Análisis de Contexto, según dispone la Ley General. Esto por sí solo no garantiza el éxito de las investigaciones, pero el cumplimiento de la Ley mediante la instalación de la infraestructura necesaria para abordar los casos constituye, por lo menos, un indicador de preparación y compromiso en la lucha contra las desapariciones.

Asimismo, es importante que todas las autoridades competentes diagnostiquen y corrijan cualquier deficiencia en la transmisión de datos al Registro Nacional y a las demás bases de datos creadas en virtud de la Ley General, a fin de que estos instrumentos alcancen su pleno potencial.

Y en el plazo más corto posible, las fiscalías deberían instrumentar acciones para garantizar que estén iniciando investigaciones de los casos de desaparición de manera inmediata al tener conocimiento de los hechos y bajo la figura más adecuada, así como para garantizar que estén aplicando plenamente las normas e instrumentos relevantes, como son la Ley General y el Protocolo Homologado de Investigación. Sigue siendo prioritario mejorar las medidas de protección y la relación y comunicación con las familias de las personas desaparecidas en todas las etapas del proceso. Otra área de oportunidad es mejorar la capacidad de las fiscalías para reunir y utilizar pruebas para comprobar los elementos de los delitos de desaparición tipificados en la Ley General.

Las medidas concretas requeridas en cada estado y a nivel federal variarán, pero queda un importante trabajo por hacer en todos los niveles. Aun así, es posible mejorar significativamente la investigación de las desapariciones —siempre y cuando se cuente con voluntad política—. Las contrapartes internacionales harían bien en aliarse con colectivos y organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de avances, así como con actores institucionales que demuestren su compromiso en este ámbito.